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La unificación nacional y la superación de las instituciones extractivas a partir del pacto fiscal, por Iván Finot

Página Siete 25.07.2017.- En un artículo anterior habíamos concluido que la causa primordial de nuestro atraso es que aún funcionamos con instituciones extractivas –instituciones en el sentido de "reglas del juego”(North)– que se desarrollaron durante la Colonia y ahora hacen parte de nuestra cultura, siendo la más característica la prebenda.

Identificado el problema, ¿cómo superarlo? Claramente se requiere una reforma institucional pero, para poder encararla, es necesaria una previa unificación nacional. Y, como señalara Zavaleta, mientras Argentina y Chile lograron este objetivo en el siglo XIX a través de guerras contra los indígenas, en Bolivia, donde la población de origen indígena es mayoritaria, ese objetivo aún estaba pendiente en el siglo XX y, obviamente, se lo debía lograr de una manera diferente.

Y así ha sido: las condiciones para nuestra unificación nacional empezaron a generarse en la Guerra de Chaco (1932-1935) y a darse efectivamente con la Revolución Nacional, cuando se reparó la usurpación de tierras a los indígenas y se eliminó la servidumbre a la que éstos eran sometidos, se instauró el voto universal y se extendió la educación a toda el área rural (1952-1953). Tales condiciones se completaron, finalmente, con la Ley de Participación Popular (1994), que terminó de incluir a la población rural en el Estado boliviano y dio lugar al surgimiento de un partido integrado por las organizaciones sociales de los antes excluidos: el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

En 2005 el nuevo partido ganó las elecciones nacionales con el 54% de los votos, como resultado de un gran movimiento social cuyo contenido ideológico fue, además del reconocimiento del nuevo protagonismo campesino-indígena, nacionalista: el Estado boliviano debía recuperar el control de la extracción de hidrocarburos, lo que efectivamente hizo. Pero el IPSP se había transformado en Movimiento Al Socialismo y éste entendió que la nueva nacionalización sería un primer paso hacia el socialismo, comenzando por el potenciamiento del Estado como productor.

Este modelo fue alentado por la abundancia de dinero en manos del nuevo gobierno gracias a que, entre 2004 y 2012, el precio del gas exportado se quintuplicó. A partir de 2015 dicho precio empezó a bajar, pero las reservas acumuladas permiten incrementar el endeudamiento para sostener el modelo hasta niveles sin precedentes.

Este enfoque, según ya se ha analizado, ha fracasado en otros lugares de mundo, con el consiguiente atraso económico en los países que lo adoptaron. Y en nuestro caso, lejos de sentar las bases para el desarrollo a partir de nuestras instituciones inclusivas, ha dado lugar al fortalecimiento de la prebenda y al patrimonialismo: añadir el poder económico al político ha servido primordialmente para favorecer a "amigos” a fin de mantenerse indefinidamente el poder, en vez de que prime el interés general. Con este modelo, ni las ganancias obtenidas durante la bonanza ni el endeudamiento público que se está adquiriendo están siendo bien invertidos: es previsible una crisis económica.

Aun así, el ascenso y el protagonismo del MAS vienen a constituir la última fase de una necesaria unificación nacional. Y, en la medida en que ésta esté lograda, será posible hacer que ésta sea la última de las muchas crisis del extractivismo que se han dado a lo largo de nuestra historia.

Ello sería posible a través de una reforma institucional que, en el caso de Bolivia se facilitaría porque, así como actualmente tienen vigencia –y predominan- las instituciones extractivas, también tienen plena validez instituciones inclusivas fundamentales.

Estas últimas se conformaron en las comunidades campesinas: "reglas del juego” según las cuales se decide de qué proveerse colectivamente y cuánto aporta cada uno, con máximo beneficio/costo social, y otras, como la meritocracia y la rotación. Ello se dio cuando, durante siglos, las comunidades debieron encarar y resolver exclusivamente por sí mismas los problemas colectivos de sus miembros. Incluso después de la Revolución Nacional, si el Estado colaboraba, lo hacía marginalmente. Solamente después de la Ley de Participación Popular el Estado, a través del municipio, empezó a hacerse cargo de la construcción de infraestructura local, pero incluso en nuestros días la comunidad y -su proyección en el mundo urbano- la junta vecinal, siguen aportando a estas obras, principalmente con trabajo.

Actualmente la función de autogobierno de la comunidad campesina y la junta vecinal tiende a desaparecer pero otras organizaciones en todo el país dependen enteramente de sí mismas bajo las instituciones inclusivas de la comunidad: es el caso de organizaciones sociales "constructivas” tales como las folklóricas, las culturales y las deportivas ("constructivas” en oposición a "reivindicativas”). Como es normal en el desarrollo de las sociedades, las organizaciones cambian pero las instituciones perduran.

Estas instituciones inclusivas hacen parte de la cultura nacional, y estaría pendiente incorporarlas y desarrollarlas dentro del Estado. ¿Cómo hacerlo? De la misma manera que surgió el derecho romano, es decir, aplicando a las instituciones actuales el principio odiosa restringenda, favorabilia amplianda: restringir lo perjudicial –las instituciones extractivas– y ampliar lo favorable –las inclusivas.

La crisis del extractivismo ya se está manifestando en la caída de los ingresos de los gobiernos subnacionales y el próximo pacto fiscal es la oportunidad para iniciar la necesaria reforma institucional. ¿Cómo? Haciendo que el gasto público subnacional deje de depender de la casualidad de encontrar recursos naturales no renovables y se finque en los aportes de los ciudadanos, aportes que deben ser realizados en función de lo que cada comunidad –submunicipal, municipal, autónoma indígena, regional y departamental– decida realizar.

Para ello, el gobierno central debe transferir a los departamentales impuestos vinculados con los ingresos de los ciudadanos; los municipales y las autonomías indígenas mantener los que ya tienen, y establecer, para todos ellos, una forma de cálculo de las contribuciones en especie (ya reconocidas legalmente en la Ley Marco de Autonomías de 2010) e instaurarlas en dinero allí donde aún no se den, a fin de que quienes más se beneficien de una obra aporten por ello.

Sobre esta base, la función de las transferencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales debe ser de ecualización: tender a que, a igual aporte de los ciudadanos en impuestos y contribuciones a su respectivo gobierno local –midiendo este aporte en relación al ingreso medio de los respectivos habitantes– corresponda un mismo nivel de provisión de bienes tales como infraestructura de transporte y riego, y servicios básicos para la producción. Cómo garantizar a cada boliviano salud, educación y servicios básicos de consumo familiar ha sido objeto de otro artículo (Página Siete 14/06/17).

Fuente: http://www.paginasiete.bo/ideas/2017/6/25/unificacion-nacional-superacion-instituciones-extractivas-partir-pacto-fiscal-142063.html

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