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El fracaso del Pacto Fiscal, por Nelson Jorge Rodríguez Castellón

La Época 05.04.2017.-El autor del artículo se inclina por abrir un debate más sincero entorno a la forma de distribución de los recursos en un país con autonomías, sobre la base de varios indicadores

La discusión sobre el “Pacto Fiscal” tiende a ser abordado solo en espacios gubernamentales y académicos, y en algunos casos excepcionales y orientados por la coyuntura política, por los dirigentes vecinales y los vecinos propiamente. Estos debates van desde las discusiones teóricas donde se analizan las finanzas gubernamentales, la inversión pública y su impacto en el desarrollo a discusiones burdas y toscas orientadas por la ideología partidaria y donde se presume el desconocimiento del tema en sí.

Entrando en detalle y usando la definición que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) nos ha brindado, el Pacto Fiscal es: “un proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política del Estado”. Por ende, se entiende que el Pacto Fiscal debe darse en un espacio abierto y propositivo con amplia participación de todas y todos los ciudadanos donde se definirá el futuro (y porque no decir el presente) del país con una mejor distribución y uso de los recursos públicos.

Todos recordamos que el año 2009 celebramos la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, donde obtuvimos una ampliación de los derechos ciudadanos. Además, uno de los temas más acalorados de la discusión constituyente fue el diseño de una nueva estructura territorial que responda a las necesidades y a la realidad boliviana contemporánea. Es así que surge el Estado Plurinacional con Autonomías (no el Estado Plurinacional Autonómico, como creen algunos), donde se fortalecen las ya consolidadas municipalidades, con avances en la descentralización política para el nivel intermedio (los departamentos) y con la posibilidad de que algunas localidades puedan acceder a la denominada autonomía indígena originaria campesina, y también reconociendo a la autonomía regional en el caso de los municipios continuos.

Estos tipos de autonomía tiene sus propias características como también ventajas y desventajas que van desde la potestad legislativa, la distribución de competencias orientadas por un catálogo competencial, etc. Pero los más relevante e importante para que las autonomías funcionen corresponde al financiamiento de las mismas. Lastimosamente, los constituyentes dejaron el tema fiscal financiero para más adelante y se mantuvo el viejo armazón financiero de 1994, de un estado unitario descentralizado. Pasamos de ser un estado unitario descentralizado a uno con autonomías, donde se supone que el régimen financiero debería responder a este nuevo tipo de estado, pero no lo hace.

El debate de la distribución fiscal

El debate de la distribución fiscal debería haber sido resuelta durante los debates legislativos en la elaboración de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). No obstante, a pesar de que esta ley fue promulgada el 2010, todavía se reprodujo el viejo régimen financiero del estado centralista, con la única salvedad de discutir la distribución, asignación y uso de los recursos públicos una vez realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV). El SEA seria la entidad encargada de elaborar una propuesta técnica de dialogo para el Pacto Fiscal (Disposición Décimo Séptima de la LMAD).

El año 2012 se llevó a cabo el esperado censo, en una primera instancia los resultados fueron tildados de no oficiales y no fue hasta más de un año y medio después que mediante el Decreto Supremo Nº 1672 se oficializaron los datos poblacionales del censo con la finalidad de realizar una asignación per cápita de los recursos del Estado. Según este decreto, la población de Bolivia el año 2012 es de 10.027.262, la distribución de recursos seria realizada en base a los datos y porcentajes ofrecidos en este decreto que tenía la única finalidad de distribuir los recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos. El mismo decreto estable que los datos presentados se constituyen en los oficiales.

Una vez más el debate del Pacto Fiscal se diluyó hasta que en febrero de 2015, cuando el SEA finalmente presentó su propuesta técnica de dialogo del Pacto Fiscal en la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), estableciendo cinco etapas: 1) Etapa Preparatoria (de octubre a diciembre de 2016); 2) Socialización (de diciembre a marzo de 2017, etapa actual del proceso); 3) Priorización de Agendas (de enero a marzo de 2017); 4) Asignación e inversión efectiva (de enero a abril de 2017); y 5) Análisis de las fuentes de recursos públicos (de mayo a agosto de 2017), durante el año 2015 hubieron tres sesiones del CNA (febrero, mayo y diciembre), el 2016 hubieron dos sesiones (agosto y noviembre).

El CNA estableció la creación y funcionamiento de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) conformada por 29 miembros, entre ellos representantes del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Esta comisión se encargaría de proponer el cronograma para el despliegue territorial para la socialización además de otros insumos técnicos para el diálogo nacional.

Parte del trabajo de la CTPF fue elaborar el cronograma para despliegue territorial para la socialización del Pacto Fiscal que consiste en fijar fechas y lugares para que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales puedan brindar información sobre: “las competencias, el manejo de las finanzas públicas, situación económico-social del ámbito nacional, departamental y municipal; y acerca de las condiciones y alcances del Pacto Fiscal” a la población en general. Cada gobierno departamental definió de qué manera realizaría su despliegue territorial, de manera regional: caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; provincial en el caso de Pando; y municipal en el caso de la Región Autónomo del Gran Chaco y el departamento de Tarija; y he aquí la crítica, la etapa de socialización iniciaba en diciembre de 2016. Sin embargo, los primeros eventos de socialización iniciaron a mediados de febrero en vísperas de carnavales razón por la cual la verdadera socialización arranco durante todo el mes de marzo, con plazos muy ajustados, lo que da a pensar que esta etapa sería realizada sin el mayor impacto y solo por cumplir con los plazos sin una verdadera socialización como tal.

A partir de aquí debemos ser autocríticos y admitir que tanto a las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y sobretodo los ciudadanos, los principales (des) interesados no consideraron esta valiosa oportunidad de tener frente al paredón tanto a autoridades y representantes de los diferentes gobiernos quienes deberían haber estado presentes en cada rincón el país; las regiones, provincias y municipios no son exactamente las escalas más cercanas al ciudadano, incluso en los municipios más pequeños tienen instancias locales de menor escala donde se da una mayor participación. En el área rural, las comunidades son representadas por los sindicatos agrarios, sindicatos únicos de trabajadores, juntas de vecinos e incluso iglesias y debido a la pluralidad de pensamiento (pregonada en la Constitución Política del Estado) hace que estos grupos miren en diferentes horizontes, no todos llegamos a pensar de la misma manera, esto hace aún más importante la necesidad de haber realizado mesas de socialización a nivel micro, barrio por barrio, comunidad por comunidad, ¿Cómo es posible que una etapa tan importante haya pasado desapercibida por toda la población?, con menos de 10 eventos por departamento no podemos decir que se hizo un buen trabajo socializando el Pacto Fiscal.

Recordemos que la etapa de socialización a nivel nacional termina la siguiente semana, preguntémonos ¿cuántos ciudadanos hemos sido participes de esta actividad?, ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido hasta ahora?, puede ser por ignorancia o aun peor por la indiferencia de la ciudadanía, ¿a cuántos ciudadanos realmente les interesa este debate fiscal nacional? Y ¿por qué no surge un verdadero espíritu ciudadano-democrático de estar informado, participar de las políticas públicas y ser protagonistas de las mismas?

Se podría decir que es por falta de tiempo o desinformación, pero lastimosamente debemos admitir que a muy poca gente le interesa este tema y al resto no le importa, y están más preocupados de la novela, de los programas de chisme propios de la televisión basura, de las noticias escandalosas que sirven como una cortina de humo que invisibilidad quizás uno de los temas más importantes en la historia de nuestro país. La verdadera culpa reside en la indiferencia de la ciudadanía (no de todos por supuesto, pero sí de la gran mayoría); a un padre de familia le interesa bastante el destino de los impuestos que paga, pero llegado el momento, en lugar de exigir la información necesaria sobre la distribución y uso de los recursos públicos prefiere ver el partido de futbol, que por cierto, no está mal debido a que los bolivianos somos muy trabajadores y el poco tiempo libre que tenemos para descansar lo invertimos en disfrutar y no en atormentarnos con temas que pueden causarnos dolores de cabeza y discusiones con quienes piensan de manera diferente. De una o de otra manera, se ha dado una indiferencia social que ha devenido en el actual y pobre proceso de socialización ya mencionado.

Los criterios de la distribución

A partir de aquí debemos ponernos más imaginativos y preguntarnos qué es lo que deberíamos estar discutiendo, debatiendo, dialogando o tertuliando respecto al Pacto Fiscal. Las universidades más que nunca deberían estar siendo principales participes de las discusiones academias sobre la nueva distribución y uso de estos recursos, los barrios, las comunidades deberían solicitar la información necesaria sobre el tema y fuera de los colores partidarios iniciar a proponer ideas, criterios, opiniones sobre el futuro y el presente de nuestro país, sobre el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida.

 Debemos admitir que no vivimos en el país de las maravillas, hay pobreza, hay gente que se muere de hambre, nos falta agua, no contamos con soberanía alimentaria, no contamos con una maquinaria industrial como la de los países vecinos, no cuidamos nuestros recursos naturales, somos rentistas y los pocos que aportamos al país de manera legal a través de los impuestos somos tildados de tontos por no recurrir a la informalidad. Todos, pues, deberíamos estar preguntándonos que es lo pasa con los impuestos, la distribución oficial nos indica que el 75% de los recursos de los impuestos se la queda el gobierno nacional, los gobiernos municipales con un 10%, las universidades con un 4% y los gobiernos departamentales, con un 1%; por otro lado, de los recursos que ingresan al estado por la renta extractiva.

El gobierno nacional se queda con un 30%, los municipios con un 30%, las universidades con un 4% y los gobiernos departamentales con un 36% (datos oficiales del MEFP- Informe Fiscal 2015). Recordemos que los recursos asegurados corresponden al pago de los impuestos mientras que la renta extractiva es temporal y la misma disminuirá a medida que nuestros recursos naturales (sobretodo el gas natural) disminuyan, los ingresos de la renta extractiva decrecerán hasta el punto de dejar de ser una fuente de recursos.

El tema que a mi parecer debe ser discutido son los criterios y la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, la gran tajada del gobierno nacional debe ser redistribuida bajo qué criterios que pueden ser: pobreza, eficiencia institucional (esfuerzo fiscal), población, Índice de Desarrollo Humano, extensión territorial; profundizando en el tema pueden surgir criterios más interesantes como la descentralización de los dominios tributarios (en lugar de redistribuir los recursos de los impuestos nacionales a los municipios o departamentos, realizar la transferencia de los mismos para que sean las entidades territoriales las encargadas de cobrar los impuestos como fue el caso de los bienes inmuebles y vehículos con la Ley de Participación Popular); sanciones a las entidades territoriales ineficientes con un control más exhaustiva de su gestión interna; el costeo competencial (realizar estudios sobre cuánto cuesta ejercer ciertas competencias y en base a ese estudio reasignar los recursos públicos)

Santa Cruz propone distribuir estos recursos a mitades (50% para el gobierno nacional y 50% para los gobiernos subnacionales); la ciudad de La Paz propone que por ser sede de gobierno debería ser compensada con recursos adicionales debido a que es en la ciudad de La Paz donde se dan la mayor cantidad de manifestaciones que afectan la economía, la paz y los espacios públicos (una especie de distrito capital); algunos ciudadanos llevados por los últimos acontecimientos sugieren que los cocaleros deben pagar impuestos mayores a los ya establecidos. Cumpliendo la constitución Política del Estado, todos los bolivianos tenemos los mismos derechos y obligaciones, por ende, todos deberíamos pagar impuestos en razón a nuestras posibilidades, pero recordemos que hay sectores que no tributan, requerimos de una reingeniería tributaria. Desde las ideas más conservadoras hasta las más radicales.

Mejorar los procesos de administración e inversión pública es otro de los elementos que deben entrar en la mesa del debate, a pesar de estar en un estado con autonomías, estos procedimientos todavía corresponden a un estado centralizado; tratar a todos por igual no es una buena idea, recordemos que cada entidad territorial con la que trata el gobierno nacional es autónoma además de que tienen sus propias particularidades. No se debe aplicar la misma fórmula para todos, el gobierno nacional debería negociar este tema con cada una de las partes por separado, debe ser un trato asimétrico.

 Para concluir, estos son algunos de los elementos que deberían ser debatidos por los ciudadanos, además de que el Pacto Fiscal debería convertirse en el tema más importante seguido por los vecinos, los medios de comunicación y todas las autoridades, sean estos concejales de un municipio con menos de 2.000 habitantes o el mismo presidente. De lo contrario, el dialogo del Pacto Fiscal no nos llevara a ningún lado y correrá el riesgo de fracasar, donde los verdaderos perjudicados seremos las y los ciudadanos. Todavía estamos a tiempo de re-direccionar este proceso, sólo necesitamos dejar de lado la indiferencia, salir de nuestro circulo de confort y reaccionar antes de que sea demasiado tarde. 

Fuentehttp://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=5843

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