Get Adobe Flash player
pacto-fiscal documentos articulos noticias normas-y-datos

Para el pacto fiscal: cómo conciliar equidad con autonomía, por Iván Finot

Página Siete 22.02.2017.- El objetivo primordial de que gobiernos subnacionales coparticipen en impuestos del Gobierno central es reducir desigualdades en gastos por habitante de dichos gobiernos. Ese era el objetivo, y sigue siendo, de distribuir entre los gobiernos municipales el 20% de (casi todos) los impuestos nacionales según el respectivo número de habitantes (Ley 1550 de 1994). Pero, en cambio, la coparticipación en el más reciente e importantísimo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) -importantísimo porque alcanza al 32% del valor total de la producción de estos recursos- tiene efectos exactamente contrarios: se da más a los que más tienen y menos a los que menos perciben.

En efecto, en la ley con que se creó este impuesto (Ley 3058 de 2005) se establece que el mismo será coparticipado como sigue: 1) a los departamentos donde se explota hidrocarburos, que por regalías ya perciben el 8% del valor de lo que se extrae dentro de su circunscripción, se les añade un 2% de ese valor; 2) a Beni y Pando que perciben por regalías hidrocarburíferas 0,67% y 0,33%, respectivamente, del total del valor de la producción nacional se les añade, a cada uno, el 0,64% de ese total, y 3) a los restantes departamentos se les asigna, también a cada uno, sólo ese 0,64%. Todo ello sin tomar en cuenta para nada el respectivo número de habitantes en cada departamento. De cada una de estas asignaciones, 1/3 corresponde al respectivo gobierno autónomo departamental (GAD) y 2/3 a los municipales (GAM).

Ahora bien, según datos del INE para 2016, mientras en Pando sólo habitan 134 mil personas y en Tarija 543.405, en el departamento de La Paz viven 2,8 millones y en el de Santa Cruz, casi 3,1. Si se tiene en cuenta todo esto, no es de extrañar que, según un estudio reciente, el año pasado los ingresos presupuestados para el gobierno autónomo departamental de La Paz fueron de sólo 235 bolivianos por habitante; mientras los del GAD de Pando llegaron a 1.851 bolivianos: ¡688% más! El GAD de Cochabamba sólo percibió 309 bolivianos por habitante y el de Santa Cruz 381, pero el de Tarija y la Autonomía Regional Gran Chaco contaron, en promedio, con 3.548 bolivianos por habitante (Finot I. Pacto fiscal: cómo conciliar eficiencia con equidad. Plural-FES 2016).

En el caso municipal, las desigualdades son menores gracias a la coparticipación establecida en 1994, pero también son pronunciadas: en el mismo año, los ingresos por habitante de los GAM rurales de La Paz se situaron entre 916 bolivianos (Curva) y 980 (Palos Blancos) mientras los de aquellos situados en Pando variaban entre 3.150 (Filadelfia) y 3.508 bolivianos (Puerto Rico).

Claramente, además de las regalías sobre hidrocarburos, el principal factor de desigualdad es el IDH. Sin duda, es imprescindible modificar su coparticipación, pero también es necesario hacer a nuestros gobiernos subnacionales, y particularmente a los GAD, menos dependientes de la casualidad de encontrar hidrocarburos dentro de la respectiva circunscripción departamental, y de los precios internacionales de los recursos naturales.

La autonomía efectiva de un gobierno subnacional depende directamente de su capacidad para generar sus ingresos en forma independiente, sobre la base de impuestos y contribuciones ciudadanas. Para que ello sea posible, el Gobierno central debe transferir a los GAD alguna(s) base(s) impositiva(s) importante(s) -como en 1994 se hizo con los GAM- y/o compartir algunas.

 Pero los gobiernos departamentales también deben aumentar sus ingresos concertando con los ciudadanos contribuciones especiales. Éstas consisten en aportes de quienes más se beneficiarán de determinadas obras públicas para cubrir parcialmente los respectivos costos. Bolivia cuenta con una larga experiencia al respecto en el nivel municipal (aunque estos aportes aún no son contabilizados), experiencia que sería fácilmente transferible al nivel departamental.

Y la coparticipación en el IDH y otras trasferencias del Gobierno central deberían distribuirse en forma proporcional a lo que los ciudadanos decidieran aportar a sus autonomías, midiendo estos aportes según niveles de pobreza. En el trabajo mencionado se demuestra que, de hacerlo, el gasto de los gobiernos subnacionales sería más eficiente y mucho más equitativo. Desde ya aumentarían significativamente los ingresos de los gobiernos de los departamentos con más población y los de la gran mayoría de los GAM rurales.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/2/22/para-pacto-fiscal-como-conciliar-equidad-autonomia-128184.html

Logo-FJ-100
LOGO FOCAPACI-100
Logo PRISMA-100
LOGO-UNIR-100
Logo-Remte-100
Logo-IISEC-100
logo ucb-100
 LogoFyABuenaResolucion-100
CAB-100
amigos-de-la-ciudad-100
logo-plano1.ERBOL-100
 ULTIMO LOGO APLP-100
CIAB-100
U.La-Salle-100
FEDECEP-100
 ACLO-100
aru-espanol-100
Cambio-climatico-100
CBDE-100
16.Foro-Autonomia.UMSA-100
fpueblo-100
CBoliviana-100
idis-100
feplp-100
masc-100