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La Época 04.03.2015 (Editorial).- Es innegable que en los procesos de transición como los que vivimos en Bolivia y en varios países latinoamericanos, lo nuevo, aquello que materializa la revolución o que tiende en potencia a realizarla, coexiste e interpela a lo viejo, a lo tradicional que se resiste a morir, ora asumiendo una careta reformista, aggiorgonada y acorde a los vientos y/o su verdadero rostro fascista dador el desarrollo y grado de avance social, reaccionando para enlodar, distorsionar e incluso liquidar al sujeto del cambio.


La Patria 03.03.2015.- La vigencia del anunciado Pacto Fiscal para Oruro será una de tantas ilusiones y sueños que tenemos en la región, porque resultará una utopía, debido al reducido aporte que generamos para sostener la economía nacional y más todavía por el cierre de importantes empresas mineras, debido a la inseguridad jurídica y la concentración en el sector estatal reduciendo el pago de las regalías y los tributos fiscales.


Página Siete 01.03.2015.- En Bolivia la descentralización ha sido, ante todo, un medio de democratización: con la Ley de Participación Popular (1994), la población mayoritaria excluida durante siglos al fin fue plenamente incorporada a la política boliviana desde la base del Estado, el municipio. Y la instauración de autonomías en la Constitución de 2009 es un nuevo avance en democratización: 1) se establecen sólo dos niveles: el central y el autonómico, y todos los gobiernos autónomos, departamentales, municipales e indígena-originario-campesinos, tienen igual jerarquía; 2) se reconoce a estas autonomías competencias exclusivas, con facultades legislativas y reglamentarias, que hacen viable el desarrollo económico territorial sostenible; 3) se les reconoce competencias concurrentes, con facultad para reglamentar la legislación nacional en temas tales como seguridad ciudadana, salud y educación. Pero aún no hay autonomía efectiva, pues estas autonomías son altamente dependientes de transferencias financieras desde el gobierno central. Como afirma Carlos Romero -ex constituyente y exministro a cargo de la elaboración de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización-, definir el aspecto fiscal es la tarea pendiente para consolidar el proceso: mientras no se resuelva el tema fiscal no habrá autonomía efectiva. Y según lo prevé la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), esto debe resolverse a través de un nuevo "pacto fiscal”.

El anterior fue un "pacto fiscal” entre brigadas parlamentarias (departamentales), cuando se creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (2005) y se pactó una distribución equitativa… ¡entre departamentos! -como si el principio básico de la democracia no fuera la igualdad jurídica de los ciudadanos, sino de los departamentos-. El único pacto que ahora cabe es un pacto entre bolivianos, no dentro de los moldes del pasado, sino dentro del marco de los recientes e históricos avances en democratización, marco que se puede sintetizar en "todos tienen igual derecho a vivir bien”.

¿Qué nos dice la teoría al respecto?  En primer lugar, para el caso de las competencias exclusivas, la autonomía fiscal también deber ser plena: ello implica que, en las autonomías, al mismo tiempo que se decide qué y cuánto proveer, se debe poder decidir también con qué parte de los ingresos ciudadanos -es decir, con qué impuestos y contribuciones- proveer.


La Razón 01.03.2015 – Animal Político.- El debate sobre el Pacto Fiscal se ha instalado en el país. La inesperada postura del Gobierno, que ha establecido apresuradamente el Consejo Nacional de Autonomías y ha hecho públicos los objetivos que perseguiría en esa instancia, ha sorprendido a los partidos de la oposición de derecha y a las autoridades regionales afines a los mismos, arrebatándoles el protagonismo sobre una demanda que habían planteado desde hace mucho, pero especialmente desde que se conocieron los resultados del último censo de población.


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