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Página Siete 08.08.2016.- La huelga de hambre del Gobernador de La Paz, reclamando más recursos para el departamento, ha puesto otra vez en cuestión el manejo y asignación de los recursos nacionales. Después de años de bonanza y despilfarro (2006-2015) el Gobierno central, que se queda con el 85% de la torta, pide a los gobiernos autónomos apretarse los cinturones, mientras los jerarcas nacionales siguen gastando a manos llenas en proyectos que nunca consensuan con departamentos ni municipios. El poder central ningunea a las autonomías porque sabe del elevado nivel de dependencia que éstas tienen de las transferencias.


Cambio 06.08.2016.- Un tema aún pendiente dentro del proceso constituyente es el denominado Pacto Fiscal, que en otros términos viene a ser el acuerdo y consenso pleno entre los diferentes niveles de gobiernos establecidos en la nueva estructura del Estado con autonomías. El Pacto Fiscal no es otra cosa que la culminación de un proceso altamente sensible por los componentes que serán motivo de discusión y debate entre el Gobierno Central, nueve gobiernos departamentales, 339 gobiernos municipales representados por la FAM y otros actores.


Página Siete 03.08.2016.- 1. Este mes se cumplen 6 años de la Ley 31 de Autonomías. Una primera evaluación del avance del proceso autonómico, establecido en la Constitución, demuestra cuatro retrasos estructurales. 2. Los artículos, 297 al 305 de la Constitución detallan las competencias (capacidades operativas) para cada nivel de conducción del Estado. Por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz debe atender a 56 municipios; la de La Paz a 87 municipios en 20 provincias y siete regiones, en ámbitos como: salud, educación, agua potable y alcantarillado, recursos naturales, medio ambiente, recursos hídricos, riego, desarrollo productivo y turístico, etcétera.


Página Siete 23.07.2016.- Hay un slogan que acuñó el Comité Pro Santa Cruz en su campaña de concienciación del Pacto Fiscal: “Sin Pacto Fiscal, no hay Autonomías”. El Pacto Fiscal es simplemente un acuerdo entre el Gobierno Central y las entidades territoriales como las gobernaciones, municipios y universidades públicas; para traspasar responsabilidades con los recursos suficientes para costear la nueva responsabilidad pero en el ámbito departamental.


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